Al derecho le está pasando como a la salud mental o a las erecciones: que son cosa del pasado. Vestigios aparatosos de aquellos animales racionales que anteponían la ley a los sentimientos, preferían el imperio de la cordura a las misericordiosas cuotas de tarados y hasta se empalmaban de vez en cuando. A la luz de esta revolución moral comprendemos que Meritxell Batet se resistiera a darse por enterada de lo que el Supremo le requería: que retirara ya el acta a un diputado condenado en firme por patear a un policía. Hasta un niño de cinco años entendería que un agresor sentenciado no debe ostentar la representación pública de los españoles. Pero si traemos aquí al niño de Groucho, descubriremos con horror que tiene cuarenta tacos y ocupa varios ministerios y una vicepresidencia. Todos los cargos podemios del Gobierno han arremetido contra la Justicia bajo la mágica premisa de que un policía jamás puede ser víctima, aunque pruebe el daño, y un sedicente activista social jamás puede ser agresor, aunque patee. «Señora diosa, bájese la venda, contemple las rastas rusonianas de nuestro buen salvaje y obre en consecuencia», exige el populismo, esa enfermedad infantil que ha destruido a la izquierda española.
¡A los molinos! 