Siete son los días de la semana, siete los pecados capitales, siete los votos de Puigdemont y siete los años que lleva Pedro en el poder, más chulo que un ocho, haciéndole un siete a la democracia liberal. El siete es número de plenitud, imagen bíblica de la eternidad, razón de que a millones de españoles se les esté haciendo tan largo el sanchismo. A Pedro, en cambio, se le ha hecho muy corto. Él quiere llegar a 2030 y más allá, batir la marca de longevidad en el cargo de Felipe y si es posible también la de Gengis Kan. Porque el sanchismo no es un proyecto ideológico sino la ensimismada voluntad de poder de un solo hombre.
La cuestión palpitante la ha formulado David Lema en este periódico: «¿Quién no ha conversado con un narco libanés?». No entiendo que esta pregunta llena de inocencia no haya sido incorporada aún al argumentario de Moncloa. Vencida la ironía inteligente por la estupidez literalista, podemos imaginar al ministro Marlaska justificando las charlas del presidente socialista del Parlamento canario -hoy todavía vicepresidente- con el capo de la cocaína y la heroína en Tenerife como un desfile de orgullo inclusivo contra la islamofobia.
Si el bachillerato obligara a estudiar -como debería- una asignatura troncal llamada «Estado de derecho», el libro que ha escrito Manuel Marchena (Las Palmas, 1959) debería ser su manual. En La justicia amenazada (Espasa) el magistrado del Tribunal Supremo que presidió el juicio más importante de la democracia -el golpe del separatismo catalán en octubre de 2017- no se pronuncia sobre escándalos de actualidad, pero disecciona sus causas profundas y expone las debilidades de un sistema amenazado por la voluntad de poder de gobernantes con pocos escrúpulos… y por la incultura jurídica de demasiados opinólogos.
El libro parte de un diagnóstico inquietante: la justicia está amenazada en España. Y el culpable de la amenaza es aún más inquietante: el poder político. Los políticos siempre han querido controlar el poder judicial. ¿Por qué ahora la gravedad de la amenaza es mayor?
Efectivamente, creo que el diagnóstico es inquietante. La tendencia del poder político a controlar a los jueces forma parte de la Historia. Lo que sucede es que en los últimos años estamos viviendo episodios de especial gravedad. No sólo en España. El enfrentamiento entre Trump y los jueces, por ejemplo, está marcando un hito en la historia de EEUU y es fiel reflejo de lo que pasa cuando el populismo se enfrenta a cualquier intento de control. La sociedad española se está familiarizando con una normalidad que es patológica. Los ataques a los jueces, incorporados incluso a acuerdos políticos que hablan de lawfare, están teniendo un efecto demoledor en la credibilidad de la justicia. Y creo que se pone en riesgo la paz social si la sociedad no confía en los jueces y empieza a creer que los conflictos jurídicos pueden resolverse mejor en las redes sociales o a puñetazos.
Me temo que tenemos que hablar de don Santos Cerdán León, estadista español nacido en la localidad navarra de Milagro. Habiendo nacido en Milagro debía llamarse Santos, y milagroso sin duda es el cursus honorum de un hombre que solo degenerando pudo llegar de electricista a secretario de Organización del PSOE. Un inminente informe de la UCO dará minucioso detalle de las destrezas taumatúrgicas de nuestro hombre, capaz de convertir los contratos públicos en audis privados. Pero tiempo habrá para comentar su desconocida faceta de comisionista, y si no lo hacemos nosotros ya se encargará el Supremo.
El hombre del momento, quizá de la década, sigue sin aparecer por las sesiones de control a pesar de ser diputado. Se conforma con tiranizarlas a golpe de ausencia y vigorosa lejanía, como Carvajal con la banda derecha del Madrid o como el primer amor de los erasmus. Hablamos, claro, de don José Luis Ábalos Meco, el terror de los paradores, ciclón de Teruel y tornado de Sigüenza, el hombre que incomprensiblemente jamás se presentó al casting de Los Soprano: la garganta más profunda a este lado del río Turia. ¡Qué no habríamos dado los plumillas por atestiguar la irrupción en el hemiciclo de don José Luis, la zancada lenta y la mirada al tendido, en mitad de una intervención del amigo con quien tanto quería, compañero del alma, compañero!
Entre la «amplísima mayoría de jueces que cumplen con su labor con absoluto rigor», según ha afirmado (con escaso miramiento por la cacofonía consonántica) el marido de Begoña Gómez en las Cortes, hemos de suponer que no se encuentra ni el juez que investiga a su esposa ni el que investiga a su fiscal general ni el que investiga a su antiguo secretario de Organización y ministro de Transportes ni el que investiga al asesor plenipotenciario de ese ministro, presentado en el Manual de resistencia como «un gigante de la militancia». En consecuencia hemos de suponer que los jueces que «no han completado la Transición», o sea los franquistas, son todos estos más todos aquellos que vengan a sumarse al examen de la arborescente corrupción que trepa por las paredes internas del búnker sanchista.
Aldama declara en el Supremo que parte de las comisiones por adjudicación de obra pública eran para el PSOE. Aporta un listado manuscrito por Koldo con ciudades y adjudicaciones amañadas. El comisionista dice que entregó 175.000 euros en efectivo a Ábalos entre su piso y el Ministerio. Aldama asegura que pagó pisos en Madrid con «señoritas» para reuniones con miembros del Gobierno. Ángel Víctor Torres le exigió 50.000 euros. Afirma que pagó al «electricista de mierda» por frenar una adjudicación a Acciona. Una foto sitúa a Aldama en la zona noble de Ferraz. La UCO detiene a la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a Ferraz. El fiscal general rechaza comparecer en el Senado. Moncloa acusa a los jueces de no haber completado la Transición. El Supremo admite a trámite la demanda del novio de Ayuso contra Montero. Una charla con Jessica desvela una visita previa al aeropuerto para blindar la llegada de Delcy con permiso de Sánchez. Begoña Gómez empleó un despacho presidencial para sus actividades privadas. Reconoce que sus cuentas no son reales. Moncloa ya ha dado tres versiones distintas sobre la asistente de Gómez. UGT se suma a los esfuerzos del Gobierno para negociar con Puigdemont en Waterloo. Puigdemont sostiene ante empresarios que no habrá Presupuestos en 2025. Podemos da por rota la confianza en Sánchez y avisa que los votos de Junts son tan necesarios como los suyos.
Debemos aceptar ya la posibilidad no de que Pedro resulte imputado sino de que el imputado ordene tumbar el suplicatorio dirigido al Congreso por primera vez en democracia. Debemos aceptar el éxito de un golpe a cámara lenta que ha hervido la rana y ha roto las reglas. Debemos aceptar que la delincuencia progresista es admisible y queun presidente con pujos de monarca feudal ha adquirido la condición de inviolable. Contra quienes perciben a estas alturas un débil latido de socialdemocracia autónoma en el pecho momificado de esa sigla yerta, debemos aceptar que el PSOE y sus socios forman una ligadísima amalgama caraqueña que la corrupción no escindirá: al contrario, la apelmazará más todavía.
¡A los molinos! 