Un día cualquiera de septiembre el juez, avalado por la instancia superior, decide abrirle juicio oral a la mujer del presidente por tráfico de influencias y malversación. La acusación pide 13 años de cárcel. El Gobierno no reacciona reivindicando el funcionamiento de la separación de poderes: de insultar al juez instructor pasa a amenazar preventivamente a los ciudadanos que terminen formando el jurado. Ese día, además, un ex presidente del mismo partido es emplazado por otro magistrado a presentar de una vez la documentación que acredite el origen de las joyas que la policía encontró en la caja fuerte de su despacho, al tiempo que cita a declarar como imputadas a sus hijas, administradoras de una sociedad instrumental que camuflaba los pagos efectuados al padre en su presunta calidad de traficante de influencias y contrabandista.
