Para defender la inocencia de Álvaro García Ortiz, visto lo visto, debes cumplir una serie de requisitos morales. Debes convencerte, como en su día se convenció Francisco Franco, de que el sistema democrático no está por encima de tu idea política de España. No importa si esa idea es conservadora o progresista: lo decisivo es creer que los principios de limitación del mando, separación de poderes y proscripción de la arbitrariedad que impiden la autocracia pueden suspenderse invocando una razón ideológica superior o el lado correcto de la Historia. Por ejemplo, que Ayuso no se salga con la suya. Si estás convencido de que la lucha contra las bestias negras de tu imaginario antifascista bien vale la revelación de los datos del novio de la presidenta madrileña, entonces cerrarás filas con el fiscal general. Poco cianuro te parecerá, de hecho.
Entre los signos que manifiestan un nuevo renacimiento de la fe entre nosotros suele citarse el disco de Rosalía, la película de Alauda Ruiz de Azúa y el premio Princesa de Asturias del filósofo católico Byung-Chul Han; pero inexplicablemente nadie ha mencionado todavía el papel determinante de Pedro Sánchez en la revigorización de la creencia. Desde Tertuliano, apologeta cristiano del siglo II que no ocultó a los romanos la irracionalidad de su credo sino que la reivindicó («Credo quia absurdum»: «Creo porque es absurdo»), nadie había exigido un salto de fe parecido a sus correligionarios.
Si la agonía del marianismo quedó cifrada en el bolso sedente de Soraya, el final del sanchismo se anuncia en el bolso falso de la hija de Yolanda Díaz. El bolso se nos presenta así como el alfa y el omega de un periodo español más accesorio que sustantivo. Que una familia comunista recurra a complementos de mercadillo a mí no me parece tan mal como a su propio Gobierno, que difundió una compaña ceñuda contra los productos falsificados sin reparar en el ejercicio de autoinculpación. Porque el Gobierno de coalición progresista es en sí mismo un gigantesco bolso falso, un Luis Vuitón tendido sobre la manta de un senegalés de la Gran Vía.
Me interesó la distinción entre torpeza y maldad que ensayó el dimisionario Mazón en la esperanza de ser recordado antes por la primera que por la segunda. Y es probable que tal plegaria sea atendida a medida que se enfríe su cadáver político, y con él los odios encendidos por su numantinismo kamikaze. Con el tiempo la gente se referirá a Carlos Mazón como aquel efímero presidente valenciano que tuvo que dimitir porque la riada mortífera de 2024 le pilló alargando el almuerzo con una periodista rubia. Nada menos, nada más.
El Parlamento español ya es una cancha estrictamente impracticable, un potrero suburbial, un comedero de patos en día de lluvia. Hace años que no sirve para ensayar el arte de la oratoria; después dejó de servir para aprobar leyes o presentar presupuestos; lo dramático es que últimamente no sirve ni para insultarse con claridad, porque los abucheos tapan los insultos y los palmoteos contra la mesa compiten con los aplausos de rabia o de desesperación según se pertenezca a la oposición o al Gobierno. La única forma de entender algo es que de pronto los diputados acierten a disolver su individualidad -tampoco es que les cueste demasiado- en una sola masa sonora que grita «¡Dimisión!» o «¡Cómplice!», mensajes que llegan al fin con nitidez hasta nuestra libreta.
España vuelve a ser diferente. No tendrá la cabeza de Fraga, pero Pedro siempre se remonta instintivamente al franquismo en busca de inspiración. No solo por la obsesión con la prensa no adicta y los puñeteros jueces. No solo porque la pornografía y la prostitución escandalizan más al puritanismo progresista que los registros policiales en Ferraz. Sabemos que vivimos en el año Franco (la analogía histórica se redondearía con unas generales el 20-N, como ya ensayó Zapatero) porque España ha vuelto a convertirse en la excepción ibérica: ahora aspira a una autarquía militar entre los Pirineos y Marruecos.
Los primeros partes emitidos desde el búnker de Moncloa en defensa de Álvaro García Ortiz deberían terminar en la Galería de las Colecciones Reales. Son obras maestras de lo que Juan Soto Ivars llama el «arte de tomar a tus votantes como auténticos gilipollas». Félix Bolaños ha dicho que García Ortiz es un «servidor público ejemplar», cuando va quedando acreditado que fue un solícito siervo privado del matrimonio Sánchez-Gómez. Óscar Puente, que estos días pasa de manipular pañales a escribir tuits sin solución de continuidad (de ahí que lo mezcle todo), ha insultado al Supremo y a Feijóo en la misma frase agramatical: «El desastre de su manifestación de ayer, tiene que haberles sentado fatal». Se empieza deslizando acusaciones de golpismo judicial desde un ministerio de trenes con demora y se acaba colocando comas entre sujeto y predicado. En cuanto a Óscar López, aguardamos expectantes su reacción al auto del juez Hurtado, que sitúa el origen de la filtración en el gabinete de Presidencia del Gobierno. Cuidado, Óscar.
Si el bachillerato obligara a estudiar -como debería- una asignatura troncal llamada «Estado de derecho», el libro que ha escrito Manuel Marchena (Las Palmas, 1959) debería ser su manual. En La justicia amenazada (Espasa) el magistrado del Tribunal Supremo que presidió el juicio más importante de la democracia -el golpe del separatismo catalán en octubre de 2017- no se pronuncia sobre escándalos de actualidad, pero disecciona sus causas profundas y expone las debilidades de un sistema amenazado por la voluntad de poder de gobernantes con pocos escrúpulos… y por la incultura jurídica de demasiados opinólogos.
El libro parte de un diagnóstico inquietante: la justicia está amenazada en España. Y el culpable de la amenaza es aún más inquietante: el poder político. Los políticos siempre han querido controlar el poder judicial. ¿Por qué ahora la gravedad de la amenaza es mayor?
Efectivamente, creo que el diagnóstico es inquietante. La tendencia del poder político a controlar a los jueces forma parte de la Historia. Lo que sucede es que en los últimos años estamos viviendo episodios de especial gravedad. No sólo en España. El enfrentamiento entre Trump y los jueces, por ejemplo, está marcando un hito en la historia de EEUU y es fiel reflejo de lo que pasa cuando el populismo se enfrenta a cualquier intento de control. La sociedad española se está familiarizando con una normalidad que es patológica. Los ataques a los jueces, incorporados incluso a acuerdos políticos que hablan de lawfare, están teniendo un efecto demoledor en la credibilidad de la justicia. Y creo que se pone en riesgo la paz social si la sociedad no confía en los jueces y empieza a creer que los conflictos jurídicos pueden resolverse mejor en las redes sociales o a puñetazos.
¡A los molinos! 