
Los tertulianos hablamos mucho últimamente de deterioro institucional. Yo lo hago, al menos. Y cuando lo hago tengo la misma impresión que Lyndon B. Johnson cuando hablaba de economía, según le confesó a Galbraith: «¿No has pensado, Ken, que hacer un discurso de economía es como mearse encima? Uno nota el calor, pero nadie más se da cuenta». La institucionalidad no es otra cosa que el grado de respeto que una democracia se tiene a sí misma, pero sigue siendo un valor demasiado abstracto como para conmover masivamente a la población de un país que, por lo demás, ya se acomodó a un franquismo -al punto de que el dictador muriera en la cama- y podría acomodarse a otro. Por eso las teles encadenan piezas sobre el precio del aceite y no sobre la exclusiva de Ángela Martialay, mucho más preocupante, pues destapa un plan caraqueño por el cual Pedro podría nombrar a dedo a todos los jueces de España, previamente visados por Puigdemont, Otegi, Belarra y Junqueras. Precisamente cuando la amenaza es difícil de explicar se vuelve más urgente la pedagogía.






