Todas las leyes del Gobierno son leyes de vivienda, solo que de una vivienda en particular. La normas más señeras de este sexenio negro -la amnistía o ley Puigdemont, la reforma penal o ley Junqueras, la convalidación de penas o ley Txapote, el cuponazo catalán o ley Illa y ahora la liquidación de la acción popular o ley Begoña- persiguen blindar la solución habitacional de un único ciudadano, residenciado en un palacio. Toda la producción legislativa del sanchismo se orienta básicamente al beneficio inmobiliario del inquilino de La Moncloa, que debe pagar puntualmente el alquiler a sus múltiples caseros: de Podemos a Bildu, de ERC a Junts.
¡A los molinos! 